CARTA ABIERTA DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA
A LA SOCIEDAD ECUATORIANA
DIALOGUEMOS SOBRE LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS
El gobierno del Ecuador ha hecho un llamado a un diálogo nacional, un llamado que ha caído en el vacío, porque después de tantos años de autoritarismo, criminalización a la protesta social, irrespeto a los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, las organizaciones sociales hemos perdido la confianza en hablar, y no ser escuchadas.
Sin embargo, las organizaciones defensoras del ambiente y la naturaleza consideramos que, es indispensable establecer un diálogo entre organizaciones de la sociedad civil para que de éste surjan las demandas que deben ser asumidas por el Estado.
Un diálogo nacional debe contener temas como los modelos productivos que atentan contra la naturaleza y el ambiente y los procedimientos que se imponen en la sociedad que afectan la vida democrática e impiden la defensa de los derechos y las libertades.
Tanto el modelo agrícola como el extractivo que se están imponiendo afectan profundamente las soberanías, y condicionan el futuro del país. La agenda extractiva, que aun cuando se dice no prioritaria, en la práctica está siendo impulsada como pocas veces en la historia de nuestro país.
Una agenda hacia el Estado no puede desconocer que hay un mandato minero que nunca fue aplicado, que la manera de transitar a una economía postpetrolera, es frenando la frontera petrolera, más aún cuando hay zonas como el Yasuní en donde el costo no es solo la destrucción de la zona mÁs biodiversa del país y del mundo, y el exterminio de los pueblos en aislamiento voluntario. Necesitamos reflexionar sobre lo que queremos como sociedad; sobre cómo dejar de depender de una economía rentista basada en la extracción de petróleo y minerales que provoca acumulación, despojo, destrucción de la naturaleza y violencia.
Con el modelo agrícola impulsado, las tierras campesinas se están transformando en territorios para la agro-exportación y para la agroindustria. No es admisible que zonas dedicadas a la producción de alimentos se transformen en plantaciones de caña o palma aceitera, como tampoco lo es la transformación de ecosistemas naturales con estos fines; peor aun cuando el mismo Estado violenta la Constitución que, por ejemplo, declaró al Ecuador libre de transgénicos, pero que promueve normas e incentiva la investigación científica en este campo. Históricamente las organizaciones del país nos hemos opuesto a los tratados de libre comercio con las potencias industriales, porque suponen condiciones de subordinación. Ahora estamos a las puertas de que entre en vigencia un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con nefastos efectos ya reconocidos en otros países. Esto, a pesar de que la propia Constitución señala que no se firmarán tratados que afecten la salud, la soberanía, o los derechos de la naturaleza. La Unión Europea inundará el mercado ecuatoriano con productos subsidiados, afectando a millares de familias campesinas y beneficiando a poderosos grupos empresarios europeos y nacionales.
El diálogo debe ser de la ciudadanía, para poder construir propuestas sobre cómo construir la soberanía alimentaria, cómo proteger la producción campesina, cómo potenciar la agroecología, cómo conservar la agrobiodiversidad, los bosques, los manglares, el agua, el mar; qué clase de energía queremos y para qué, en qué tipo de ciudad deseamos vivir.
Todos estos son temas centrales para un diálogo desde la sociedad. Y claro, también cómo colocamos estos temas frente al Estado.
Es indispensable hablar también de los procedimientos con los que estos modelos se diseñan e imponen. Para garantizar y ejercer los derechos ambientales se requiere recuperar la independencia de las funciones del estado, frenar la pretensión de imponer unas enmiendas constitucionales antidemocráticas, y unas leyes anticonstitucionales, recobrar las funciones de aquellas instituciones que han sido espacios a través de los cuáles la sociedad expresa sus demandas frente al Estado: la defensoría del pueblo, la contraloría y su función ambiental, las posibilidad de acceder a los estudios de impacto ambiental y licencias ambientales, la de presentar recursos de protección ante las cortes, sin que estos estén previamente censurados, recuperar el derecho a organizarse con independencia del Estado- hoy asfixiado por el decreto 16-, tener el derecho a la consulta a las comunidades para tomar decisiones sobre los territorios y a la ciudadanía sobre los temas que vulneren nuestros derechos ambientales y de la naturaleza.
El modelo económico de acumulación de riqueza y las políticas que se están implementando violentan la vida y afectan los territorios. La vida depende de la naturaleza y del trabajo y energía necesaria. El cuidado de la vida, de los seres vulnerables y de las relaciones en nuestra sociedad ha recaído en mucha mayor medida en las mujeres, que son quienes más sufren por estas agresiones.
La defensa de la naturaleza y del ambiente, es absolutamente central para hablar de los grandes problemas de injusticia social, inequidad o pobreza y su cuidado y respeto son una condición para superarlos.
Es desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales, desde los colectivos organizados que surgen y han surgido las propuestas innovadoras y de transformación, las de defensa de las soberanías, de las libertades y de los derechos, así como las estrategias para frenar las pretensiones del Estado (de un Estado patriarcal) de imponer condiciones que favorecen únicamente a grupos de poder y al propio capital.
Por todo lo señalado reivindicamos, el derecho de la población a manifestarse, a ejercer sus formas organizativas y a expresarse a través de la movilización social como un medio legítimo para lograr cambios profundos y democráticos en la sociedad.
El movimiento ambiental apoya y es parte de ese gran llamado a la movilización social, que debe ser también de ideas, de sueños y de propuestas.
ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL
