· Construcción y aplicación
de la Agenda Nacional Ambiental basada
en la participación de toda la sociedad con el objetivo de transitar hacia un
modelo post-extractivista que
garantice el buen vivir y los derechos de la naturaleza.
· Abrir un debate nacional
sobre el extractivismo visibilizando
sus mentiras, impactos en los ecosistemas y en la vida
de los pueblos.
· Fomentar la democracia participativa y convivencia
en la diversidad de personas y colectividades, pueblos y nacionalidades, y sus
formas de organización social, promoviendo una construcción
colectiva-comunitaria del mundo, difundiendo instrumentos de gestión comunitaria y democracia directa (ej.
consultas populares de buena fe).
· Exigir el cumplimiento de los
derechos y garantías establecidos en la Constitución del 2008
especialmente de los derechos de la naturaleza y el derecho al buen vivir, así como la reparación integral para las personas, comunidades y pueblos
afectadas por la destrucción de la naturaleza en nombre del desarrollo.
· Fortalecer a las organizaciones
sociales, exigiendo la derogatoria del Decreto 16, y recuperación de la
institucionalidad para la gestión ambiental del país afín a la construcción del
buen vivir.
· Exigir la consulta y consentimiento
libre, previo e informado, legítimo y vinculante, establecido por la
Constitución e instrumentos internacionales.
· Promover estrategias de conservación de la biodiversidad (agua, suelo, ecosistemas), conectividad ecológica, y
acciones de regeneración integral de ecosistemas degradados, por fuera de todo
tipo de mercado de servicios ambientales.
· Como sociedad civil, retomar y fortalecer la propuesta de dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní-ITT,
exigir la moratoria a la expansión de la frontera petrolera centro-sur
amazónica y a las actividades hidrocarburíferas en el perfil costanero, de alta
sensibilidad ambiental y social.
·
Oposición a la minería industrial
a mediana y gran escala, especialmente a la minería metálica a cielo abierto,
por sus afectaciones a los pueblos, a la naturaleza, al agua, por impedir la
regeneración de los ecosistemas y atropellar derechos.
·
Generar solidaridad con las luchas anti-extractivistas a nivel
nacional, articulando circuitos de resistencia y condenando la criminalización
a los defensores de la naturaleza.
·
Impulsar un sistema descentralizado y diversificado de generación de energía limpia y renovable, de bajo
impacto, que respete el derecho al agua con participación y gestión local,
acorde a un modelo sostenible, post-extractivista, exigiendo el respeto a los
ríos libres y sensibilizando a la sociedad sobre los impactos sociales y
ambientales de las represas y mega-centrales hidroeléctricas.
· Impulsar una moratoria a la
expansión de los monocultivos de
palma aceitera, caña y otros, con fines de agrocombustibles,
desde la necesidad de defender los bosques y la soberanía alimentaria.
· Impulsar acciones para democratizar el acceso a la tierra y al
agua, frenar la expansión del gran agronegocio
industrial, posibilitar que la tecnología y el conocimiento estén al alcance de
la mayoría, evitando la acumulación, el acaparamiento de recursos, bienes y
conocimientos, y frenar la presencia de semillas y cultivos transgénicos, así
como la ampliación de la producción ganadera que conlleva la deforestación y
porque es responsable de la emisión de una gran cantidad de gases de efecto invernadero.
· Alertar y concienciar a la
población sobre los peligros de políticas
como el TLC – UE, la nueva matriz
productiva, Código Orgánico Ambiental, que implican un retroceso a los avances
en materia de conciencia y derechos ambientales.
· Oposición a la
privatización del ecosistema manglar,
marino, y marino – costero por la expansión de piscinas camaroneras e
implementación de la maricultura industrial, en defensa y protección de los
espacios públicos y comunales, y la recuperación y restauración ecológica de
manglares ocupados ilegalmente por camaroneras, declarando además al mar libre
de extractivismo.
·
Fortalecimiento
de alternativas económicas
productivas diversificadas como la agroecología y la agroforestería, el
ecoturismo e iniciativas de comercio justo y comunitario.
·
Impulsar sistemas de producción y consumo responsable, alianzas campo-ciudad, reciclaje, promoción de
la agroecología urbana y fomento a la alimentación sana.
· Construir un derecho a la ciudad sustentable que garantice una
vida saludable en convivencia con los demás; con seguridad, nexos de equidad y
solidaridad, con una sociedad activa y organizada, con una lógica territorial en convivencia con la naturaleza.
·
Promover un
sistema de educación intercultural
bilingüe descentralizado, basado en el respeto a la diversidad cultural desde
las realidades locales, con apoyo a la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología
apropiadas y conocimiento de la biodiversidad.
·
Democratizar los
medios de comunicación nacionales,
regionales y locales, para la generación de diálogos que conlleven a consensos,
e incluso disensos, dentro de un marco de respeto de las ideas y diversidades.
·
Apoyar la aprobación de LOBA (Ley
Orgánica de Bienestar Animal) como una ley autónoma del cuestionado Código
Orgánico Ambiental ya que el bienestar animal tiene que ver con la
soberanía alimentaria, salud pública y sanidad; y alertar sobre el maltrato
animal y los impactos de la crianza intensiva de animales.
·
Promover la
creación de una Comisión de la Verdad
para la denuncia de violaciones a la naturaleza y a las comunidades, recogiendo
casos emblemáticos de lucha (minería, petróleo, agronegocio, entre otros).
Nos vemos el próximo 5 de junio en la presentación pública de la agenda, acciones y estrategias para su implemntción en el Ecuador.
¿te la vas a perder?
